El Congreso, además, despachó a ley la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que reemplazará a Conaf y que protegerá los ecosistemas del país.
El Senado avanza en la reforma política y, al mismo tiempo, aprobó en general y en particular el proyecto que redefine la distribución de cuotas en el sector pesquero: la ley de fraccionamiento.
Con 40 votos a favor y uno en contra, la nueva ley de pesca pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. Durante la revisión en particular, la Cámara Alta rechazó las cuotas propuestas por la Comisión de Hacienda para la pesquería de la merluza común: 43% para el sector artesanal y 57% para el industrial.
También desestimó la indicación del senador Daniel Núñez, que proponía un reparto 70/30 en favor del sector artesanal, previamente aprobado en la Cámara Baja. Estos temas deberán resolverse en Comisión Mixta. Además, se rechazó el artículo que habilitaba licencias transables para la pesca industrial del jurel.
Reforma Política
En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una disposición clave en el debate de la reforma al sistema político. Se sancionará con la pérdida del escaño a los parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos o a sus comités parlamentarios. La senadora Paulina Núñez, presidenta de la comisión, explicó que solo falta afinar una disposición transitoria sobre el umbral de elegibilidad para cerrar el estudio del proyecto.
Según Núñez, los partidos deberán obtener al menos el 5% de los votos a nivel nacional para mantenerse vigentes. No obstante, por tratarse de un año electoral, se aplicará un umbral del 4% para postular candidatos a la Cámara. Con estas decisiones, el Senado avanza en la reforma política y refuerza el control democrático.
Sernafor reemplaza a Conaf
Mientras tanto, el Congreso despachó a ley la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), organismo que reemplazará a Conaf con un enfoque en la protección sostenible de los bosques del país. La nueva institucionalidad «tendrá un carácter descentralizado, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio». Además, «será sometida a la supervigilancia del presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura».
El nuevo servicio «tendrá la atribución de emitir informes previos y vinculantes cuando se trate de declarar un área como degradada, un ecosistema amenazado y dictar planes de manejo de restauración ecológica, como otras funciones en materia de conservación».
