En el marco de las acciones realizadas por agrupaciones ambientalistas que buscan anular la aprobación del proyecto de biorremediación del sector de Las Salinas, personeros del Segundo Tribunal ambiental realizaron una inspección en el lugar.
Recordemos que los reclamantes indican, entre otros temas, que el proyecto de saneamiento no sería compatible territorialmente con la normativa urbanística establecida en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, específicamente en relación con la calificación de área de riesgo del área, modificando de facto mediante el proyecto el uso de suelo con el fin de eliminar dicha condición.
Asimismo, señalan que no se habría determinado correctamente la línea de base del proyecto en relación con los contaminantes que se encuentran presentes en el suelo y aguas subterráneas. Agregan que no se habría incorporado toda la información para evaluar adecuadamente el riesgo para la salud de la población.
Además, cuestionan la metodología seleccionada para la remediación del suelo.
La presidenta del segundo tribunal ambiental, Marcela Godoy, señaló que las diligencias buscan contrastar los antecedentes presentados a lo largo del proceso judicial.
Desde la Inmobiliaria Las Salinas, una de las partes interesadas en el caso, calificaron las diligencias como positivas para el avance de la investigación.
Lo anterior, fue reafirmado por el gerente de desarrollo de la empresa, Ricardo Labarca.
En el transcurso de la tramitación de las reclamaciones, la Corporación Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar ha solicitado en dos oportunidades —agosto de 2023 y mayo de 2024— al Tribunal ordenar la medida cautelar innovativa de suspensión de los efectos de la RCA favorable del proyecto, en atención a eventuales afloramientos de hidrocarburos en la zona de playa, en frente del terreno Las Salinas.
En ambas oportunidades, el Tribunal ha rechazado instruir la medida, principalmente por la falta de antecedentes suficientes que permitan justificar su adopción.
Además, ha explicado que la autoridad ambiental ha exigido a la empresa la elaboración de un plan de monitoreo participativo de las variables ambientales atingentes al proyecto previo al inicio de ejecución de las obras, y la ha obligado a informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente eventuales hallazgos de tuberías enterradas, estanques de operaciones históricas, suelo contaminado u otros hallazgos y remanentes históricos no identificados previamente en la ejecución del proyecto.
Imagen: Segundo Tribunal Ambiental
